SINTESIS
El agente Z.B., denunciado por su ex pareja por violencia de género, supo prestar servicios en el Cuerpo Medico Forense y en la Oficina Judicial del fuero penal de la misma circunscripción judicial donde se desempeñaba.
Informó a sus superiores que había tenido “una” situación de conflicto con su pareja, omitiendo anoticiar la existencia de una causa judicial en su contra a sus superiores, uno de los cuales era testigo por la fiscalía y por su posición funcional obtuvo datos que lo alertaban acerca de la actividad que desplegaba su víctima ante el M.P.F.
El STJ al resolver su exoneración, diferencia la responsabilidad penal de la administrativa. En ese marco valora especialmente el aprovechamiento de Z. de su condición de empleado judicial para infundir temor a su víctima y que esta no llegara a efectuar la denuncia de los hechos, logrando una temporaria impunidad. Asimismo, considero la prueba testimonial colectada resaltando que su valoración debe ser especial en situaciones como la del caso, donde la actividad probatoria se dificulta.
Así ratificando “su compromiso, como política pública, de generar acciones concretas de prevención, sanción y erradicación de todas las formas y manifestaciones de violencia” entendió; que el agente con su accionar incurrió en conductas que importan de por sí faltas de gravedad institucional a deberes propios del empleado público (Ley I N°74) y del agente judicial en particular (R.I.G. y Ley V N°3)

 

Resolución B.Z.

SINTESIS B.P.G. S/ DENUNCIA S/ PSTA. VIOLENCIA FAMILIAR
La victima denuncia, en el marco de la Ley XV Nro. 12, violencia física y psicológica desplegada por su ex pareja y actual superior jerárquico en el organismo publico donde se desempeña, requiriendo medidas de protección urgentes.
La Jueza de Paz dispone como medidas urgentes la Prohibición de acercamiento y acceso para el agresor a la víctima y sus hijos e hijas, fijando el perímetro de la misma, por un plazo amplio de manera que guarde proporción con los antecedentes aportados y el alto nivel de agresividad desplegado.
Considero asimismo la situación laboral de la víctima con el agresor y en virtud de ello dispuso informar a las autoridades gubernamentales de la medida adoptada a fin que tomen intervención en orden al vinculo existente entre las partes.
“…lo que aquí importa es hacer cesar y prevenir futuros hechos de violencia física y psicológica”… a los efectos de dar cumplimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y asegurar provisionalmente los derechos de la denunciante reconocidos por dicha Convención, ante la existencia de elementos que prima facie demuestran la probabilidad de que la accionante eventualmente pueda sufrir perjuicios irreparables por la reiteración de los hechos...no existe obstáculo para ejercer la potestad jurisdiccional del art. 232 del Cód. Procesal de ordenar medidas urgentes y necesarias que se juzguen adecuadas para evitar eventuales perjuicios y que impidan que el demandado concurra a los lugares que frecuenta la víctima y que se relacione con ella (CNCiv., sala F, 1999/08/13 - N., M. P. c. N., E.). ED, 188-56; JA, 2000-III-374”, extraído del articulo Títulado: Violencia familiar, Autores: Rufino, Marco A. Publicado en: LA LEY26/10/2005, 13 - LA LEY16/11/2005, 11 - DJ02/08/2006, 983.” 

 

Medida de Protección B.P.G.

EXTRACTO: “P. C. A. CARPETA XXXX OFIJU” Caso Nº XXXX/18
En su historia vincular ya se observaban signos de impulsividad y violencia hacia mujeres.
Respecto a su relación con mujeres se describe como una persona muy celosa y muy posesiva, dando muchos ejemplos de cuestiones que lo hacían poner celoso, ejemplos que claramente denotan su patrón de personalidad afectivo es de cosificación, de quitarle el rango de persona a las mujeres y de utilizarlas como objeto para su satisfacción, bajo la convicción de que la compañera sentimental, es de su total propiedad, se tiene como un objeto; como el que adquiere un vehículo, una casa, una prenda o cualquier artículo de uso personal.

 

Informe pericial P.C.A.

Mediante proceso abreviado, S.V. reconoció la autoría material y responsabilidad, de los delitos que se le imputan en un contexto de violencia de género, en perjuicio de R.M.T.
La jueza interviniente admitió el acuerdo imponiendo una pena de tres años de ejecución condicional, la regla de conducta prevista en el art. 27 bis del Cod. Penal, prohibición de acercamiento y contacto con R.M. T. (victima) y todo su núcleo familiar directo, someterse a un tratamiento terapéutico individual, a través del programa de prevención y tratamiento de la violencia familiar que estipula la ley XV, nro. 26 y el pago de PESOS QUINCE MIL en concepto de reparación de daños.

SINTESIS: VF - V.S.A. PSA LESIONES, AMENAZAS, DAÑOS

 

Fallo V.F.

2. Derecho a la vida sin violencia

 

SINTESIS: G.V.C. S/Denuncia
G.V.C. denuncia ante el Juzgado de Familia Nro. 3 de Comodoro Rivadavia, diversos tipos y modalidades de violencia de género de las que resultaba victima en el ámbito laboral, en el marco de la Ley 26485. Asimismo, solicito el dictado de medidas de protección, prevención y sanción. La jueza de familia, declaró su incompetencia, rechazó la petición indicando que la misma debía canalizarse por demanda laboral y consideró que la relación laboral extinguida no encuadra dentro de la ley 26485.-
La Sala A de la Cámara de Apelaciones CyC de C. Rivadavia al resolver el recurso de apelación interpuesto revoca la resolución y ordena a la instancia de grado dar el trámite correspondiente.
“La situación de autos, en principio, encuadraría en las previsiones del artículo 6 citado en tanto se habrían realizado actos discriminatorios contra la actora con motivo de su planificación familiar y decisión de embarazarse, además de otros hechos de maltrato hacia su persona que habilitan la sustanciación del presente.
En este contexto fáctico y legal la negativa a tramitar la causa en virtud que la cuestión correspondería al fuero laboral significa parcializar los términos de la denuncia y sesgar los hechos informados por la actora que implica alterar todo el sistema de los tratados de derechos humanos de las mujeres y de las leyes infra constitucionales tendientes a lograr la efectiva protección de sus derechos (entre ellos los reproductivos y planificación familiar).
Huelga remarcar que este tipo de violencia exige al igual que las restantes una respuesta jurisdiccional efectiva y oportuna caso contrario no se satisface la protección solicitada por la víctima y a la postre, también, como ha señalado el Superior Tribunal de Justicia se pone en riesgo la responsabilidad que el Estado Argentino asumió al suscribir los instrumentos internacionales ya referidos.
Justamente tales instrumentos y las leyes de violencia contra las mujeres y las personas mayores consagran herramientas para otorgar una respuesta ágil y rápida a situaciones que requieren solución inmediata. Ello exige a la totalidad de las/os operadores judiciales creatividad de su parte, imponiéndoles el deber de buscar una respuesta eficaz, lo que supone una solución oportuna, contando con amplio margen de discrecionalidad para evaluar los hechos y el derecho en cada situación denunciada y si bien resulta
razonable que no se autorice la utilización de la ley para objetivos que exigen un juicio diferente, la existencia de otras vías o acciones que pueden entablar las personas, no pueden impedir ni obstaculizar la medidas que requieran las partes (Conf. Aida Kemelmajer de Carlucci, “Algunos Aspectos Procesales en Leyes de Violencia Familiar” en Rev. De Derecho Procesal Rubinzal Culzoni, Derecho Procesal de Familia - I, 2002-I p. 115
y sgtes.).
Concluyendo, la violencia en razón del género contra la mujer, es eso, violencia y requiere al igual que las restantes una respuesta jurisdiccional efectiva y oportuna en el marco específico del proceso de prevé la ley 26.485 (arts. 19 a 28 y ss).”

 

Fallo G.V.C.

 

SINTESIS: S.E.Y. c/ L.J.D. S/ DETERMINACION DE COMPENSACION ECONOMICA (Sentencia no firme)
S.E.Y. quien había mantenido una unión convivencial de más de 20 años con L. J.D. demanda la determinación de una compensación económica en virtud de las disposiciones del CCyCN sobre la materia y toda vez que el reclamo fue incoado con posterioridad al vencimiento del plazo de 6 meses previsto en el art. 524 del citado cuerpo legal dejo planteado subsidiariamente la inconstitucionalidad del mismo por entender que se vulnera el derecho a la igualdad.
La Jueza de grado hace lugar a la demanda determinando la compensación económica a favor de la actora por inaplicabilidad del art. 525 CCyCN.
“Está suficientemente comprobado, a mi criterio, que la Sra. S. no se hallaba en condiciones emocionales apropiadas para defender sus derechos en el plazo de seis meses, computado desde que abandonó el hogar convivencial. El resultado del planteo defensivo podría ser diferente si a esa decisión no le hubiesen seguido una serie de episodios de violencia y amedrentamiento que originaron 3 denuncias penales, y que deben ser valorados en conjunto con lo historizado y la modalidad de sometimiento al poder masculino que caracterizó la relación.

 

Sentencia S.E.Y.