Caso O.B.D.

 "O., B. D. c/ V., L. D. s/ Violencia Familiar", Expte. N° 105/2023. Juzgado de Familia N° 1. Circunscripción Judicial de Sarmiento.

 SUMARIO

El Magistrado basado en normativa y antecedentes internacionales vinculados al deber de debida diligencia,  adopta como medida positiva diversas intimaciones que involucra a otro Poder del Estado y empresas prestadoras de servicios: “Sabemos que la violencia configura una violación a los derechos humanos, y que un acceso a recursos idóneos y efectivos resulta indispensable para la erradicación del problema de la violencia contra las mujeres, así como también lo es el cumplimiento de los Estados de su obligación de actuar con la debida diligencia reforzada y brindar una protección especial frente a tales actos, so riesgo de comprometer la Responsabilidad Internacional del Estado Argentino.(…) toda vez que los jueces no pueden desentenderse del resultado de sus decisiones y tienen amplias facultades en la búsqueda de los instrumentos tendientes a que lo resuelto se cumpla, de conformidad a lo establecido en el art. 9 de la Ley XV - N° 12, Ley XV- N°26, Ley 26.485, Convención de Belem do Pará, Cedaw, CIDN, y Acuerdos Plenarios N° 4510 y 4511/2017 (STJ), como medida de acción positiva”

 

SINTESIS

“En concreto, en medio de un invierno que ha sido intenso en nuestra zona y que todavía no termina, se pudo constatar que el edificio es inapropiado y se encuentra en muy mal estado de conservación, que afecta tanto a las víctimas como al mismo personal que presta servicios en el lugar. Dicha dependencia se encuentra sin gas (desde hace tres meses), y el único baño existente se encuentra clausurado. Tampoco pueden conectarse calentadores o estufas eléctricas debido a que provoca un desperfecto eléctrico que provoca que el inmueble se quede sin suministro de energía eléctrica. La situación ha sido, según se dijo, planteada ante las autoridades competentes (Municipio de Sarmiento, Jefatura de Policía del Chubut y Camuzzi) sin respuestas hasta el día de la fecha.En consecuencia, puedo concluir que actualmente las condiciones edilicias de la Comisaría de la Mujer de Sarmiento son deplorables e inadecuadas para que las empleadas policiales cumplan normalmente su función, atentando contra la salud de las mismas, y perjudicando gravemente una de las funciones esenciales de la dependencia, esto es, la atención de las personas víctimas de violencia familiar y de género que se acercan a denunciar y a solicitar el auxilio del Estado. Resalto en este sentido, que en la mayoría de los casos, las mujeres víctimas de violencia se acercan acompañadas de sus hijos e hijas menores de edad a la dependencia, como ocurrió en el caso de autos como ocurrió en el caso de autos, donde la Sra. O. y su pequeña hija debieron atravesar dichas eventualidades al momento de formular la denuncia. Es necesario resaltar un pasaje de suma importancia de lo resuelto por la Corte IDH en el caso “Fernandez Ortega y otros c Mexico” (párrafo 194) y en varios precedentes más cuando concluye que: “es necesario que la declaración de una víctima de actos de violencia se realice en un ambiente cómodo y seguro que le brinde privacidad y confianza. ”Sin embargo, las falencias operativas no quedan allí. La dependencia policial mencionada no tiene asignado un móvil policial y un chofer, por lo que también se encuentra comprometida otra función fundamental, la notificación  y supervisión de las medidas judiciales de protección dispuestas.”

 

 

 

 

INTIMACION COMO MEDIDA DE ACCION POSITIVA

 

 

 

SUMARIO S.M.L. C/ D.M.C. S/Juicio de alimentos
D.M.C. recurre la sentencia que le deniega la reducción de cuota alimentaria solicitada.
La Cámara confirmo la sentencia entendiendo que el alimentante debe extremar los esfuerzos para satisfacer las necesidades.
La cuestión alimentaria es un tema de derechos humanos y los niños, niñas y adolescentes son titulares de esos derechos.
La obligación recae sobre ambos progenitores, comprende lo necesario para cubrir las necesidades de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, gastos por enfermedad y los necesarios para adquirir una profesión u oficio.
Los tratados internacionales propenden al reconocimiento de la labor domestica de la mujer en beneficio de la familia y de la sociedad. En el cuidado personal y alimentos de los hijos menores, se impone, el juzgamiento con perspectiva de género. Desde esta perspectiva la madre ha atendido, necesidades cotidianas que no son remuneradas pero que ciertamente tienen un valor susceptible de ser determinadas en dinero y que el padre no puede soslayar.

SINTESIS S.M.L. C/ D.M.C. S/Juicio de alimentos
D.M.C. recurre la sentencia que le deniega la reducción de cuota alimentaria solicitada y que basara en: a) Tiene otros hijos menores, b) el porcentaje establecido (20%) es excesivo en relación a los restantes hijos y no cabe exigirle un mayor esfuerzo, c) la madre de la niña esta en mejores condiciones para costear sus necesidades.
La Cámara confirmo la sentencia de 1ra instancia entendiendo que el alimentante debe extremar los esfuerzos para satisfacer las necesidades de los alimentados involucrados, sin que pueda excusarse de cumplir con su obligación invocando ingresos insuficientes, salvo dificultades insalvables. Tampoco puede ampararse en la mejor situación económica, social o laboral de la madre ya que la responsabilidad parental no se relaciona con la del otro progenitor.
El planteo del recurrente es contrario al marco convencional, constitucional y legal vigente.
La cuestión alimentaria es un tema de derechos humanos y los niños, niñas y adolescentes son titulares de esos derechos generales, pero debido a su especial situación de vulnerabilidad se le reconoce el derecho a un plus de protección.
La obligación recae sobre ambos progenitores, comprende lo necesario para cubrir las necesidades de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio.
Los tratados internacionales propenden al reconocimiento de la labor domestica de la mujer en beneficio de la familia y de la sociedad. En el cuidado personal y alimentos de los hijos menores, se impone, entre otras valoraciones, el juzgamiento con perspectiva de género. Desde esta perspectiva la madre ha atendido, también, necesidades cotidianas que no son remuneradas pero que ciertamente tienen un valor susceptible de ser determinadas en dinero y que el padre no puede soslayar.

 

 

 

SUMARIO: D.J.J. C/ A.V. S/ INC. DE CESE DE CUOTA ALIMENTARIA EN AUTOS A.V. C/ D.J.J. S/SUMARIO (Sentencia no firme)
El accionante - demandado en el expediente principal por cuota alimentaria - en el incidente solicita el cese automático de la cuota alimentaria de su hijo, que adquirió la mayoría de edad con fundamento en lo dispuesto por el art. 658 CCyCN, quien aún se encuentra cursando estudios en otra provincia.
La magistrada de grado rechaza el incidente e impone costas. “…la postura del progenitor resulta inaudible, al no encuadrar el supuesto en el art. 658 que invoca, sino en el 663, y por haberse acreditado que 1) …4) ... Por otro lado, pero también vinculado con los deberes derivados de la responsabilidad parental, que son paritarios para el ejercicio de la función, no reconocer la posición sustentada por el alimentado importaría admitir violencia económica indirecta hacia la progenitora.”

SINTESIS: D.J.J. C/ A.V. S/ INC. DE CESE DE CUOTA ALIMENTARIA EN AUTOS A.V. C/ D.J.J. S/SUMARIO (Sentencia no firme)
El accionante - demandado en el expediente principal por cuota alimentaria - en el incidente solicita el cese automático de la cuota alimentaria de su hijo, en virtud de que este adquirió la mayoría de edad con fundamento en lo dispuesto por el art. 658 CCyCN.
En el caso, la progenitora debió accionar en la menor edad de su hijo para obtener cuota alimentaria. Al concluir sus estudios secundarios, el hijo de ambos migra a otra provincia para cursar sus estudios universitarios en una facultad de ciencias económicas. Con posterioridad realiza cursos de otra disciplina y descubre una nueva vocación, en razón de ello cambia de facultad.
Al momento de la formación del incidente, si bien el hijo ha adquirido la mayoría de edad, aun se encuentra radicado en otra provincia para llevar adelante su formación universitaria.
La magistrada de grado rechaza el incidente e impone costas
“…admitir el cese del aporte alimentario del progenitor por la circunstancia de que el hijo varió su vocación apenas iniciada la primera carrera, no sólo se da de bruces con la norma ya que el art. 663 se refiere a “prosecución de estudios” y no exige “carreras iniciadas”, sino que avalar la postura paterna importaría una sobrecarga de responsabilidades económicas en la progenitora, contraria al orden jurídico.
La ley 26485 tipifica varios tipos de violencia, interesando para lo que al caso atañe, la definición contenida en el art. 5 inc. 4) de dicho plexo legal en tanto dispone que uno de los tipos de violencia contra las mujeres es la económica y patrimonial, que se configura cuando se produce el menoscabo de sus recursos económicos o patrimoniales mediante la limitación de los recursos materiales destinados a satisfacer necesidades o la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. Si la violencia económica debe ser entendida como aquella serie de mecanismos de control y vigilancia sobre el comportamiento de las mujeres en su relación con el uso y la distribución del dinero, junto con la amenaza constante de no proveer recursos económicos, la no satisfacción del pago de la cuota alimentaria en igualdad de condiciones entre padre y padre, supone una muestra patente de poder encuadrable en esa modalidad. Y frente a esa realidad, nace el deber estatal de prevenir esa posibilidad (art. 1, 2 inc. b y c, y en particular el inc. e en cuanto dispone el deber de “tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas” de la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer), adoptando cuanta medida de corrección del desequilibrio estructural sea necesaria, y sin dudas éste caso lo amerita.
Finalmente, y como lo describieron las tres personas que brindaron su testimonio, la Sra. A. desde siempre realizó un esfuerzo personal magnifico en pos del bienestar del hijo en común, lo que incluyó la diversificación laboral y en la actualidad, incluso la venta de algunas pertenencias para costear la educación universitaria de N.. Frente a esto, la postura del progenitor resulta inaudible, al no encuadrar el supuesto en el art. 658 que invoca, sino en el 663, y por haberse acreditado que 1) el alimentado es una persona de más de 21 años y menos de 25, 2) se encuentra transitando una inserción en el ámbito universitario y no dejó de cursar estudios, 3) escogió una carrera que por su carga horaria le impide realizar trabajos remunerados, y 4) el progenitor que pretende el cese está en condiciones de solventar su parte en la responsabilidad financiera del hijo. Por otro lado, pero también vinculado con los deberes derivados de la responsabilidad parental, que son paritarios para el ejercicio de la función, no reconocer la posición sustentada por el alimentado importaría admitir violencia económica indirecta hacia la progenitora.”

 

Sentencia (no firme) D.J.J.