SUMARIO: “X, X c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros s/ Acción de amparo” (Expte. Nº 813/2021). Juzgado de Familia Nro. 1 de la Circunscripción Judicial Trelew – Sentencia no firme –

Con fundamento en Doctrina y Jurisprudencia declara la inconstitucionalidad peticionada del art. 11 de la Ley 26.743, y de oficio su inconvencionalidad. “…los jueces tenemos la importante misión de salvaguardar no sólo los derechos fundamentales previstos en el ámbito interno, sino también el conjunto de valores, principios y derechos humanos que nuestro país ha reconocido en los instrumentos internacionales, respetando el compromiso internacional asumido. Así, con este llamado “control difuso de convencionalidad”, se convierte al juez nacional y/o provincial en un juez interamericano: en un primer y auténtico guardián de la Convención Americana y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que interpreta dicha normatividad. Y aunque las partes no lo soliciten, los jueces lo deben declarar de oficio cuando califiquen a la norma como palmariamente contraria a la Constitución o la Convención, pues su superioridad sobre las restantes disposiciones es una cuestión de orden público que es extraño y va más allá del deseo de las partes.”

SINTESIS: “X, X c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros s/ Acción de amparo” (Expte. Nº 813/2021). Juzgado de Familia Nro. 1 de la Circunscripción Judicial Trelew – Sentencia no firme –

XX, varón trans de 17 años de edad, requirió a su obra social (SEROS) la cobertura de una mastectomía de masculinización bilateral. La demandada para acceder a la misma requirió al menor la autorización judicial. En virtud, de ello, XX demanda por vía de amparo y el patrocinio letrado de la abogada del niño/a, se condene al Instituto a la cobertura del 100% de la prestación de modificación corporal, el cese de dicha exigencia fundada en el art. 11 de la Ley 26473 y la admisión del consentimiento informado otorgado por el actor en los términos del art. 5 de la Ley 26569, como único requisito para acceder a la cobertura en orden a lo previsto por el art. 26 del CCYCN. Asimismo, solicita la inconstitucionalidad del art. 11 de la Ley de Identidad de Género por resultar, en este sentido, violatorio de los derechos humanos.

La accionada sostiene al contestar demanda, sostiene que no se trata de una negativa a la cobertura de la prestación sino de la observancia del cumplimiento de la Ley.

Con dictamen de la Asesoría de Familia favorable a la pretensión de XX y a la petición de inconstitucionalidad del art. 11 de la citada Ley.

El Magistrado en su resolutorio comienza por precisar el objeto de la acción. Determinar si resulta necesaria o no la autorización judicial para llevar a cabo la práctica requerida por el actor.

Analiza integralmente la normativa, para lo cual deja sentado el “corpus iuris” específico, a saber: “… la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), la Convención de los Derechos del Niño (CDN), Constituciones nacional y provincial, los principios de Yogyakarta, la ley 26.743 de Identidad de Género; la ley 27.499 Ley Micaela de Capacitación obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sumando a todo ello las leyes provinciales III-N°21 de Protección Integral de la niñez, la adolescencia y la familia, ley VIII – N°129 de adhesión a la llamada ley Micaela, y la XV-N°26 sobre Protección Integral e Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género. Sumándole a ellas las Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Opiniones Consultivas y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”

Luego de un análisis exhaustivo de la normativa, hace lugar a la inconstitucionalidad peticionada, adicionando el estudio de la inconvencionalidad de oficio, lo que así resuelve.

Sin perjuicio de sugerir la lectura integra del fallo, en la sección “Buenas Practicas” de este Observatorio de decisiones judiciales dejamos a disposición los aspectos que en este sentido se merituan especificamente.

A continuación transcribimos algunos de los argumentos vertidos por el Juez de Familia para así resolver en este punto.-

“… d) Inconstitucionalidad e inconvencionalidad: En este marco de análisis, es que me pregunto y no solo para este caso en particular, sino en todo otro caso en donde nos encontremos con adolescentes de más de 16 años a lxs cuales se les requiera la autorización judicial conforme lo establece el art. 11 de la ley 26.743(…) Y es que vistos distintos fallos a lo largo y ancho del país, no sólo en el tema que nos hoy nos convoca, sino en temas menos complejos como lo son los pedidos de modificación registral, no puedo dejar de resaltar que siempre se brindó la autorización judicial exigida por la ley, pero analizando distintas “pruebas” incorporadas en los expedientes, principalmente psicológicas, haciéndole decir a la ley (26.743) lo que ella no quiere decir, volviendo el sistema a la judicialización y patologización que la ley justamente viene a erradicar15 16.----------------------------------------------------------------------------------------------

--- En este entendimiento, podemos afirmar que el art. 11 de la Ley de Identidad Género ha devenido anacrónico con posterioridad a la sanción del Código Civil y Comercial. Tal es así, que derivó en la elaboración de un documento de acuerdos con la participación de notables especialistas denominada “mesa de trabajo: nuevo Código Civil y Comercial, lectura desde los derechos sexuales y los derechos y reproductivos”, que se aprobó como marco interpretativo y se incorporó como Anexo 1 a la Resolución Ministerial N°65/2015 de la SSC perteneciente al Ministerio de Salud, oportunamente citada. En este marco se expone que; “Dado que se considera que las prácticas de modificación corporal relacionadas con la identidad autopercibida son prácticas de cuidado del propio cuerpo, reguladas en el artículo 26 del Cód. Civ y Com., se descarta la aplicación del criterio etario de la ley especial (LDIG)…”-------------- --- Ello sumado a lo expuesto en el extenso punto c) que antecede, me lleva a una única respuesta y es que X no requiere autorización judicial para avanzar hacia la concreción de su sentir más íntimo, puesto que mi tarea como juez en este caso puntual no puede ser otro que declarar la inconstitucionalidad del art. 11 de la ley N°26.743 y hacer lugar al amparo frente a la denegatoria de la demandada en cubrir la prestación de la cirugía oportunamente solicitada.--- --- Avanzado este punto, me pregunto: ¿es dicho artículo solo inconstitucional o también resulta ser inconvencional? Al respecto, sabido es que en los países como el nuestro, se ejerce el llamado “control de constitucionalidad difuso”17, por el cual todos los jueces -nacionales y provinciales- estamos abocados a llevarlo a cabo, debiendo para ello realizar una comparación entre la Constitución y las demás normas del sistema jurídico de jerarquía inferior, y estableciendo que la primera debe prevalecer por sobre las demás, en este caso en particular, debo decir que no pasa ese primer tamiz.------------------------------------------------------------------------- Ahora bien, con el control de convencionalidad se busca establecer si la norma que está siendo objeto de revisión, se adecua no solo a lo determinado en las cláusulas de la Convención de Derechos Humanos, sino si además, toma en cuenta las interpretaciones que de ello ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus sentencias y opiniones consultivas18. Y es la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Almonacid Arellano vs. Chile”, de setiembre de 2006 (párrafo 124), quien sostuvo: “que es cierto que los jueces y tribunales nacionales deben aplicar las normas vigentes en su país, pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, sus jueces también están sometidos a las normas convencionales y debe asegurarse que los actos internos no afecten la eficacia de las normas superiores internacionales. Es el Poder Judicial de cada Estado quien debe ejercer una suerte de control de convencionalidad de las normas jurídicas internas”.--- Por lo tanto, los jueces tenemos la importante misión de salvaguardar no sólo los derechos fundamentales previstos en el ámbito interno, sino también el conjunto de valores, principios y derechos humanos que nuestro país ha reconocido en los instrumentos internacionales, respetando el compromiso internacional asumido. Así, con este llamado “control difuso de convencionalidad”, se convierte al juez nacional y/o provincial en un juez interamericano: en un primer y auténtico guardián de la Convención Americana y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que interpreta dicha normatividad. Y aunque las partes no lo soliciten, los jueces lo deben declarar de oficio cuando califiquen a la norma como palmariamente contraria a la Constitución o la Convención, pues su superioridad sobre las restantes disposiciones es una cuestión de orden público que es extraño y va más allá del deseo de las partes19.--------------- Ahora bien, conforme lo expuesto y analizadas las presentes actuaciones, (…) claramente la actitud asumida por la demandada conculca y avasalla distintos derechos involucrados en la Convención (…) En función de lo expuesto, entiendo que el art. 11 de la ley 26.743 debe ser tachado de inconstitucional conforme lo peticionado y declarado inconvencional de oficio, lo cual acarrea su invalidez, no pudiendo ser aplicado para el caso concreto, por resultar incompatible con lo establecido en el Pacto San José de Costa Rica. (Lo resaltado nos pertenece)

SUMARIO: L.R.V. – Lesiones leves y amenazas agravadas (Art. 80 inc. 1 y 11 C.P.)- Carpeta Judicial Nro. 10.726, OFIJUD – Legajo de Investigación Fiscal 93.108. Tribunal Unipersonal integrado por el Juez Penal Miguel A. CAVIGLIA, Circunscripción Judicial Comodoro Rivadavia

El Magistrado impuso al imputado una pena de tres años y tres meses de prisión de efectivo cumplimiento, disponiendo medidas de coerción personal hasta tanto la sentencia pase a autoridad de cosa juzgada, en virtud de hallarlo penalmente responsable del delito de lesiones leves agravado por ser cometido contra la persona con quien ha mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género.    “ (…) he de considerar de modo determinante la concurrencia de dos agravantes de entidad que, sin demérito que los mismos no concurren en relación al delito de lesiones, sumadas a las agravantes que vengo analizando precedentemente, me alejan sensiblemente del mínimo para colocarme mucho más cerca del máximo de la escala penal aplicable en abstracto…”

SINTESIS: L.R.V. – Lesiones leves y amenazas agravadas (Art. 80 inc. 1 y 11 C.P.)- Carpeta Judicial Nro. 10.726, OFIJUD – Legajo de Investigación Fiscal 93.108. Tribunal Unipersonal integrado por el Juez Penal Miguel A. CAVIGLIA, Circunscripción Judicial Comodoro Rivadavia

L.R.V. fue imputado por dos hechos calificados como Lesiones leves agravadas por ser cometido contra la persona con quien ha mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas y daño.

El imputado fue sobreseído respecto de uno de esos hechos, y por el restante condenado al cumplimiento de una pena de tres años y tres meses de prisión de efectivo cumplimiento como autor penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas en concurso real con amenazadas (art. 89; 92 en relación al 80 inc. 1 y 80 inc. 11, 149 bis; 55 y 45 C. P.).

Para así resolver tuvo por acreditado el segundo de los hechos, al compartir los fundamentos del MPF respecto de los agravantes señalados.

“…En punto a las agravantes de las lesiones, y sin perjuicio del consentimiento expreso por parte de la defensa de la configuración de los previstos de los incisos primero y décimo primero del artículo 80 del C.P., entiendo que a partir de las probanzas rendidas en autos no puede existir tampoco duda alguna en cuanto a una probada relación de pareja y ha mediado violencia de género.

A título ilustrativo tendré presente el artículo “LOS DELITOS DE GÉNERO EN LA REFORMA PENAL (Ley Nº 26.791); escrito por Jorge Eduardo Buompadre, en el que profusamente analiza el tema y cuya lectura integral me permito recomendar.

…”Violencia de género es violencia contra la mujer, pero no toda violencia contra la mujer es violencia de género. Esta presupone un espacio ambiental específico de comisión y una determinada relación entre la víctima y el agresor. Resulta difícil de imaginar esta clase de violencia perpetrada contra el género opuesto. La violencia es de género, precisamente, porque recae sustancialmente sobre la mujer.

La violencia es poder y el poder genera sumisión, daño, sufrimiento, imposición de una voluntad, dominación y sometimiento. La violencia presupone, por lo general, posiciones diferenciadas, relaciones asimétricas y desiguales de poder. La violencia de género implica todo esto, y mucho más, cuya hiperincriminación se justifica, precisamente, porque germina, se desarrolla y ataca en un contexto específico, el contexto de género.

El ejercicio de esta clase de violencia, en sus más diversas manifestaciones, física, psicológica, económica, sexual, laboral, etc., como herramienta de poder y dominación, se ha venido repitiendo a lo largo de la historia de la humanidad. La cuestión, como antes dijimos, no es nueva. Lo nuevo es el interés que ha despertado en la sociedad moderna la efectiva protección de los derechos humanos de quienes sufren el impacto de esta violencia. Paso a paso pero en forma segura, los Estados van comprendiendo que lo que hoy por hoy más preocupa es el modo de garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir una vida sin violencia y sin discriminaciones.

La violencia contra las mujeres abarca una serie de atentados cuyo común denominador no es otro que la presencia de un sujeto pasivo femenino que es objeto de maltrato por su pertenencia a ese género y cuyo agresor se caracteriza por pertenecer al género opuesto. Esto es verdad, pero no lo es menos que la violencia de género tiene también, además de esta caracterización binaria de sus protagonistas (hombre-mujer), un componente subjetivo, misógino, que es el que guía la conducta del autor: causar un daño por el hecho de ser mujer. Por lo tanto y como antes se dijo, no cualquier ejercicio de violencia contra una mujer es violencia de género, sino sólo aquélla que se realiza contra una persona por el hecho de pertenecer al género femenino.”…

            En consecuencia de lo expuesto, entiendo que claramente en el caso que abordamos queda atrapado en ambos incisos, primero (por la relación de pareja o vínculo) y onceavo, (por “la violencia de género” y “también que el autor sea hombre y la victima mujer”).”

“…Que en cuanto a las agravantes que ha tenido por probada la señora fiscal, he de coincidir que en punto a la naturaleza de la acción que la golpiza recibida por la señora P. ha sido de una entidad más que importante, sin perjuicio de verse atrapada en los parámetros del tipo penal de “leves”.

            En efecto el hecho de permanecer internada por seis días y la necesidad de realizar estudios complejos cómo tomografías y resonancias magnéticas para descartar lesiones internas de gravedad, denotan lo delicado del cuadro, cuanto la de estudios complementarios que descartaran lesiones específicas en oídos y ojos que obviamente deben meritarse severamente.(…)

(…) En punto a los motivos que lo determinaron a delinquir ha quedado probada la escalada de violencia invocada por la titular de la vindicta pública típicas de los agravantes de los tipos penales por los que se lo ha declarado como responsable, por lo que tal circunstancia me limita para valorarla so-pena de incurrir en una doble valoración.

            Sin perjuicio de ello, he de considerar de modo determinante la concurrencia de dos agravantes de entidad que, sin demérito que los mismos no concurren en relación al delito de lesiones, sumadas a las agravantes que vengo analizando precedentemente, me alejan sensiblemente del mínimo para colocarme mucho más cerca del máximo de la escala penal aplicable en abstracto. Adito a ello la permanente actitud de minimización y transferencia de responsabilidad de sus acciones por parte del imputado, señalada por el licenciado Z., aún en sus palabras finales en cuanto pretendió justificar su actitud so-pretexto de que esta chica había insultado a su madre y hermano.

            No puedo dejar de hacer mención que resulta para mi determinante que por más que ingrese por el mínimo de la pena en abstracto como método, adito a las circunstancias, reseñadas precedentemente como determinante, lo desarrollado por el nombrado Licenciado del ETI del juzgado de familia, en punto a que la modalidad de resolver los problemas a través de la violencia no resulta casual sino aprendida en relación a sus antecedentes familiares, como así también que ya había atendido a L. en relación a otra causa y al consultarlo sobre el porqué de sus actitudes y forma de reaccionar ante las situaciones le respondió que era “porque se relacionaba con locas”.

            Al valorar la procedencia de atenuantes entiendo que a la falta de antecedentes computables del imputado, debe considerarse el tiempo trascurrido desde el hecho a la fecha, que operan a mi entender como un adelanto de pena natural, no pudiendo valorar su contexto socio-ambiental ante la negativa de V. a que se efectúe un completo informe al respecto conforme informara su defensor al momento de efectuar su alegato de clausura.

IV.-) Entiendo por otra parte que las supuestas falencias en el sistema penitenciario invocadas por la defensa para evitar la imposición de una pena privativa de libertad, no resulta ser obstáculo para su aplicación, máxime cuando en el caso entiendo se ha fundado a contrario sensu del precedente “SQUILARIO” el quantum de la misma, los motivos que me llevan a alejarme sensiblemente del mínimo y la necesidad de resocialización del imputado.

            Por todo lo expuesto, atento la sumatoria de agravantes y atenuantes antes consideradas,este tribunal resuelve, condenar a L. R.V. a la pena de tres años años y tres meses de prisión de efectivo cumplimiento, más accesorias legales, como autor del delito de lesiones leves agravadas por ser contra la persona con quien se ha mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas (artículos 89; 92 en relación al 80 incisos 1° y 11°; 149 bis; 55 y 45 del Código Penal), en razón del hecho ocurrido el 02 de octubre de 2.018, en perjuicio de L. V. P.. – lo resaltado nos pertenece -

            Asimismo que a partir de este momento y hasta tanto este pronunciamiento pase en calidad de cosa juzgada, el estricto cumplimiento de las siguientes medidas de coerción personal: a) prohibición absoluta de ausentarse del radio urbano de esta ciudad de Comodoro Rivadavia sin previa autorización que en cada caso deberá obtener del Tribunal interviniente; y b) mantener colocado el dispositivo de monitoreo electrónico (tobillera), medidas cuyo incumplimiento injustificado por parte del encartado podrá provocar la disposición de cautelas personales de mayor gravedad (artículos 212, 213, 220 incisos primero y segundo, 221 incisos segundo y 227 del CPP).

SUMARIO: F.P. C/ ASOCIACION MUTUAL SANCOR SALUD s/ Amparo

Juzgado de Familia Nro. 2 Circunscripción Comodoro Rivadavia –

La Magistrada pese a declarar su incompetencia en razón de la materia, ordenó cautelarmente a la demandada dar inmediata cobertura integral a la intervención quirúrgica y atención medica pre y post quirúrgica requerida por la actora. “Esta perspectiva de vulnerabilidad de clara raigambre convencional implica que cuando mayor sea la exposición del sujeto a la situación de fragilidad mayor será el deber del Estado de dictar las normas positivas o fomentar las prácticas necesarias para lograr la protección de las personas, evitar o mitigar el daño al que se encuentran mayormente expuestas.”

SINTESIS: F.P. C/ ASOCIACION MUTUAL SANCOR SALUD s/ Amparo

En el caso una mujer joven diagnosticada con gigantomasia bilateral, con crecimiento mayor de una de sus mamas, requirió a la demanda la cobertura integral de la  intervención quirúrgica  mastoplastia bilateral y la atención médica pre y post quirúrgica, la que le fue denegada por esta en el entendimiento que se trataba de una intervención de tipo estética.

Con fundamento en Jurisprudencia de la CSJN, STJCH y Cámara de Apelaciones locales declaro su incompetencia en razón de la materia y de la especialidad del asunto debatido, ordenando su remisión al Juez Federal con competencia territorial.

Fundamento su Resolución con cita de Doctrina, Jurisprudencia aplicable y normativa constitucional y convencional en materia de derechos humanos, entre ellos la Convención CEDAW.

“No obstante lo antes dispuesto en relación a la competencia y, en atención a la naturaleza de los derechos puestos en juego entiendo corresponde dar tratamiento a la medida cautelar peticionada por la parte actora (Doctrina CSJN " Poggi", sentencia del 7/12/04).-(…)

(…) en caso de contienda negativa de competencia ni la firmeza de la declaración de la propia incompetencia podría obstar a la adopción de alguna medida cautelar o en general para cualquier otra diligencia de cuya omisión pudiera resultar perjuicio irreparable, supuesto que se evidencia en estas actuaciones respecto de la  joven con padecimiento de salud, sujeto vulnerable en razón de su género y padecimiento que imponen a la suscripta un deber reforzado de tutela y la resolución en perspectiva de vulnerabilidad y de género.

Esta perspectiva de vulnerabilidad de clara raigambre convencional implica que cuando mayor sea la exposición del sujeto a la situación de fragilidad mayor será el deber del Estado de dictar las normas positivas o fomentar las prácticas necesarias para lograr la protección de las personas, evitar o mitigar el daño al que se encuentran mayormente expuestas.

(…) En lo que aquí interesa destacar independientemente del tipo de cirugía (estética o reparadora) que se reclame es preciso, en el marco acotado de la cautelar en tratamiento, analizar los efectos concretos que la omisión de su realización implica para la vida de la peticionante. Todo ello, desde el enfoque de vulnerabilidad y género.

                Así, el deber de prevenir el daño resulta un corolario de los deberes de respeto y garantía asumidos convencionalmente (arts. 1 y 2 CADH) conforme ha puntualizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, operan en la órbita del reconocimiento, de la prevención y eventualmente de la reparación del daño (CIDH, opinión consultiva OC-23/17).

(…) Es pertinente destacar que el derecho a la salud se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a una vida digna, reconocido por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales que tienen jerarquía supranacional (art. 75 inc., 22 C.N).-

(…) Entiendo que en autos se encuentran acreditados los presupuestos básicos requeridos para la procedencia de toda medida cautelar:

                Verosimilitud del derecho y  peligro en la demora, no debiendo afectar gravemente, el dictado de la medida peticionada, el interés público y ello claramente surge no sólo de la documental allegada y de la acreditación de la patología de la joven. Supeditar el pronunciamiento a cuestiones de competencia implicaría desconocer el derecho a la tutela efectiva del que la amparista resulta titular.

                La verosimilitud en el derecho se configura además en la jerarquía de los derechos fundamentales afectados (derecho a la dignidad, a la integridad física, a la salud, entre otros...), los cuales, se encuentra documentadamente probado que se hallan vulnerados ante la patología diagnosticada a la amparista y la dilación o falta de prestación de la demandada.

(…) Lo expuesto aparece como un agravio susceptible de lesionar no solo la salud de la amparista entendida esta de conformidad con lo conceptualizado por la Organización Mundial de la Salud, esto es, un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades sino y, sobre todo, su derecho a una vida digna y en plenitud.

                En este sentido, el abordaje con perspectiva de género no puede soslayar lo errado de equiparar cuestiones relacionadas con las mamas de la solicitante a tratamientos estéticos.

(…) En este orden de ideas la Organización Panamerica de Salud ha afirmado que “La desfiguración debida a la leishmaniasis, la esquistosomiasis, la lepra y la Oncocercosis [entre otros] suscita un mayor rechazo de la sociedad si quien la padece es una mujer, como consecuencia de la conexión entre la belleza física y el valor de una mujer. Sin embargo, el agrandamiento del escroto y los testículos causado por la filariasis es socialmente más perjudicial para los hombres que la hipertrofia mamaria del mismo origen en la mujer”. En definitiva, ambas situaciones son perjudiciales e implican un detrimento de la persona en su derecho a la salud. (<https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/manualFinal.pdf>). Va de suyo que ambos supuestos, agrandamiento de escroto o hipertrofia mamaria, máxime cuando se ha pronunciado más una mama que la otra, merecen igual tratamiento excediendo éste el mero deseo de belleza y erigiéndose en necesario para la vida digna de la persona.

                                Se insiste, entonces, en la omisión de ponderación de la especial situación de la amparista desde el enfoque de perspectiva de género al pretender equiparar su situación con la de otras personas que eligen la intervención como consecuencia de deseo de mejora o embellecimiento estético.

                               En este sentido, debe recordarse que el principio de no discriminación incluye una obligación positiva: “crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados” (conf. Derecho a la salud y Covid-19. Una lectura en clave de derechos humanos: indivisibles, interdependientes y no regresivos, Fuente: https://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/noticias/Derecho%20a%20la%20salud%20y%20Covid%2019-PPF.pdf 15 de mayo de 2020. Leoncio Patricio Pazmiño Freire. Vicepresidente de la Corte IDH.), por caso, la mujer en razón de su género.

                               Al respecto ha puesto de resalto la Organización Mundial de la Salud que “Los determinantes de la salud relacionados con el género son las normas, expectativas y funciones sociales que aumentan las tasas de exposición y la vulnerabilidad frente los riesgos para la salud, así como la protección frente a los mismos, y que determinan los comportamientos de promoción de la salud y de búsqueda de atención sanitaria y las respuestas del sistema de salud en función del género. Son uno de los principales determinantes sociales de las inequidades sanitarias […] La integración de la perspectiva de género implica evaluar el modo en que el género determina las medidas planificadas, incluidas la legislación, las políticas y los programas, en todos los ámbitos y a todos los niveles. La incorporación de la perspectiva de género también puede contribuir al empoderamiento de las mujeres y la igualdad de participación en todos los niveles” (conf. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/gender> , el interlineado ha sido agregado por la suscripta). Análisis éste que, prima facie, ha sido omitido por la demandada a la luz de los hechos ya reseñados y que dejan a una -hoy joven- mujer expuesta y en posición de mayor fragilidad.