Voces: PROCESO SUMARIO ~ TECNOLOGIA DE LA INFORMACION ~ INFORMATICA JURIDICA ~ INFORMATICA ~ CENTRO UNICO DE INFORMACION JURIDICA ~ ADMINISTRACION DE JUSTICIA ~ CELERIDAD PROCESAL ~ PLAZO RAZONABLE ~ TUTELA JUDICIAL EFECTIVA ~ PLENARIO ~ INMEDIACION PROCESAL ~ DOBLE INSTANCIA ~ CAMARA GESELL ~ FILMACIONES ~ AUDIENCIA ~ PRODUCCION DE LA PRUEBA ~ AUDIENCIA DE VISTA DE CAUSA ~ SENTENCIA ~ PROVEIDO ~ FIRMA DIGITAL ~ ECONOMIA PROCESAL ~ FACULTADES DE LOS JUECES
Título: El renacer del proceso sumario a partir de la gestión judicial y las nuevas tecnologías
Autores: Berizonce, Roberto O. Soto, Andrés Antonio 
Publicado en: LA LEY 07/02/2013, 07/02/2013, 1
Sumario: I. Proceso de cognición plena, abreviación y celeridad de los trámites.- II. Cognición abreviada vs. tutelas de urgencia.- III. La "reingeniería" del proceso de cognición sumario (plenario abreviado) a partir de la mejora de la gestión y del aprovechamiento de las nuevas tecnologías.- IV. La superación de la dicotomía inmediación y doble instancia.- V. Un modelo rendidor de gestión y aprovechamiento de las tecnologías. - VI. Plan piloto de incorporación de videograbación de las audiencias.- VII. Conclusiones.

Abstract: Según lo demuestra la experiencia, desde la oficina judicial y en aplicación funcional e inteligente de las propias normas del ordenamiento procesal vigente, es posible brindar respuestas compatibles con las exigencias constitucionales de la tutela judicial eficiente. La clave reside en la observancia de los principios cardinales de inmediación, concentración, celeridad y economía que giran en torno al ejercicio personal de los poderes-deberes del juez en la dirección, comando e instrucción del proceso. 
I. Proceso de cognición plena, abreviación y celeridad de los trámites
1. Es bien sabido que el proceso sumario constituyó uno de los más significativos avances que trajeron consigo el CPCN de 1968 (1) y los ordenamientos provinciales que siguieron sus aguas. En el régimen nacional tuvo un triste derrotero que comenzó por su desnaturalización, sobremanera por la defección en la práctica de los operadores, que convirtió en "letra muerta" el mecanismo de la audiencia de vista de causa del originario art. 489, y remató finalmente en la retrógrada supresión que consagrara la ley 25.488 en 2001 (Adla, LXI-E, 5468).
Menos adversidad sufrieron algunas legislaciones provinciales que aún mantienen, al menos en su textualidad, el plenario abreviado. Es lo que acontece en la Provincia de Buenos Aires donde pervive inalterada su regulación y en ella, aquella norma central que habilita al juez al cabo de trabada la litis para determinar el plazo necesario para la producción de las pruebas y fijar la audiencia en que se recibirán por el propio juez, la absolución de posiciones, la testimonial y, eventualmente, las explicaciones que deban brindar los peritos (art. 487).
La experiencia en el ámbito bonaerense de la aplicación de ese esquema fue inicialmente decepcionante, no obstante el esfuerzo denodado que realizaron algunos magistrados para hacerla funcionar razonablemente. (2) En verdad, se consagraba la inmediación y concentración en la recepción de las pruebas que se recogían en una única audiencia; es decir, en sustancia, un proceso oralizado por audiencias (3), la única concesión en un código totalmente dominado por la escritura.
2. El fracaso práctico vino a frustrar entonces el rol fundamental que los ordenamientos de 1968-1969 asignaban al sumario, verdadero proceso de cognición plenaria, rápido y abreviado. Los datos estadísticos sobre la duración de los procesos en general son bien elocuentes de la disfuncionalidad que exhibe la prestación jurisdiccional.
II. Cognición abreviada vs. tutelas de urgencia
Claro que el vacío dejado por la desnaturalización del proceso sumario del art. 320 CPC, paulatinamente se fue llenando por la proliferación de las denominadas genéricamente medidas urgentes. A partir de las cautelares tradicionales y por ingente creación pretoriana, se expandieron primero las medidas genéricas del art. 232 y la prohibición de innovar, y entre ellas las innovativas, y luego fueron cobrando envergadura las providencias anticipatorias y satisfactivas, aún a despecho de los reproches que denunciaban, en ciertos casos, el menoscabo de los principios esenciales del contradictorio y el debido proceso. Habrá que convenir que solo la recuperación de la funcionalidad del proceso de cognición plena, siquiera procedimentalmente abreviado, puede abastecer con suficiencia aquellos presupuestos sustantivos indefectibles. De ahí que las providencias cautelares, aún autónomas, anticipatorias materiales o satisfactivas, resultan remedios excepcionales (4) que deben ser reconducidos en el cauce de su función primigenia, instrumental, subsidiaria e integradora de la cognición plena que remata en la cosa juzgada material. (5) En esa línea se inscriben los esfuerzos tendientes a la simplificación del modelo común de cognición que se vislumbra claramente en la legislación comparada. (6) Es que el régimen común de cognición exhaustiva —plenario en sus distintos grados de espesor procedimental— no puede ser sustituido sino, más bien, adecuado para el mejor y más efectivo cumplimiento de sus fines. (7) La cuestión deriva entonces, para nosotros, en cómo aprovechar el modelo tipo del proceso sumario para hacerlo rendir de manera más satisfactoria. Dejamos aquí de lado, entonces, la cuestión del perfeccionamiento teórico del modelo procesal para centrarnos en el que adopta la legislación vigente.
III. La "reingeniería" del proceso de cognición sumario (plenario abreviado) a partir de la mejora de la gestión y de aprovechamiento de las nuevas tecnologías
En el sistema del CPC, el principio visceral de la legalidad de las formas aparece atenuado por la consagración de la regla de instrumentalidad o finalismo (art. 169), de manera que las formas no constituyen un fin en sí mismas. Los actos del proceso son válidos en tanto se hayan realizado de cualquier modo apropiado para la obtención de su objetivo, y las finalidades particulares de cada uno de aquéllos se subsumen en la necesidad de asegurar la inviolabilidad de la defensa, finalidad genérica de todos los actos del proceso. (8) Precisamente, de la riqueza de este enunciado se ha derivado el fundamento esencial de la doctrina del exceso ritual manifiesto; las formas no pueden impedir el acceso a la verdad objetiva y a la justicia. Claro que las concesiones, "elásticas" a los poderes ordenatorios del juez no son abiertas ni irrestrictas, sino que están restringidas y condicionadas: si están regladas formas imperativas de observancia ineludible, no pueden ser obviadas. El proceso de cognición se integra por una estructura que se divide en etapas o estadios sucesivos —constitutivo, probatorio, decisorio— y si no cabe articular pretoriamente un procedimiento abierto innominado, al menos le es posible al juez adecuar los trámites procedimentales (9) dentro del marco de los sucesivos estadios, para el mejor cumplimiento de la finalidad del proceso, a condición de que, en cada uno de los actos y etapas, se respete el núcleo "duro" del contradictorio de las partes y el debido proceso. (10)
Se trata de implementar técnicas de gestión apropiadas, mecanismos de manejo de casos (case management) que encuentran sustento en los poderes genéricos de dirección y ordenación de las causas que habilita el art. 36, en consonancia con el art. 34, inc. 5 del ordenamiento procesal. Sin necesidad de recurrir a los antecedentes anglosajones del case management (11), resultan de utilidad las experiencias más cercanas que provienen del derecho procesal iberoamericano; así, entre otras, las recientes modificaciones al CPC brasileño que han flexibilizado los límites formales impuestos a la actividad jurisdiccional, en pro de la efectividad. (12) Y, por lo demás, entre nosotros se anotan notables avances en las denominadas genéricamente tecnologías del gerenciamiento y la información, concebidas como instrumentos para el mejoramiento de las prestaciones jurisdiccionales. (13)
IV. La superación de la dicotomía inmediación y doble instancia
Fruto de la "reingeniería" del proceso de cognición y, especialmente, de la utilización de las nuevas tecnologías comunicacionales —la videograbación de las audiencias del art. 487 CPC Buenos Aires, en la vía de la "prueba piloto" que referimos más adelante—, deviene posible la superación de una objeción central que la doctrina ha apuntado al sistema de enjuiciamiento por audiencias en el marco de la doble instancia. En efecto, si el soporte fundamental de aquel método de enjuiciamiento asienta en la inmediación del juez en relación a las partes y las pruebas, no sería posible conjugar la operatividad de semejante principio con la revisión del pronunciamiento en un proceso de instancia plural. La salvaguarda de la inmediación y de la libre valoración de probatoria, las ventajas diferenciales de la oralidad, encuentran escollo en la revisión de la alzada y aún de los tribunales superiores, en tanto una y otras vinieran a sustituirse libremente, sin inmediación, "en el aire", en el juicio final sobre las cuestiones fácticas y la evaluación probatoria. Claro que la objeción se diluye si el tribunal ad quem también puede "participar" en la recepción y percepción de las pruebas recibidas en audiencias que pueden ser reproducidas con fidelidad a través de soportes de registración autenticados. Opera así una suerte de inmediación sensorial, que permite a los jueces revisores "observar y escuchar" lo acaecido, con lo que se preserva la mayoría de los atributos de la inmediación física. (14)
V. Un modelo rendidor de gestión y aprovechamiento de las tecnologías
Sentado todo lo anterior, pasamos a presentar un modelo en plena experimentación que puede resultar de utilidad por lo que creemos son sus bondades para alcanzar las finalidades ya enunciadas. Se trata de la metodología que se aplica en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 14 de La Plata, a cargo del coautor de este trabajo, Dr. Andrés Antonio Soto, cuyo diseño se ajusta a la preceptiva procesal vigente tratando de optimizar sus bondades y sin exorbitar las potestades judiciales, en conjunción con los medios materiales y recursos humanos con que se cuenta. Su concepción en el marco de las posibilidades reales permite avizorar una mejor perspectiva en cuanto a la obtención de los resultados esperados y a la proyección y perdurabilidad en el tiempo. Se trata de mecanismos sencillos de implementar, que se soportan en la actividad oficiosa de la oficina judicial, a través de una planificación adecuada y que, en esencia, están enderezados a superar y remplazar ciertos hábitos forenses —usus fori— muy arraigados y de sentido opuesto. En esencia, el método adoptado supone el "manejo del caso" en forma cooperativa con las partes y sus letrados, asumiendo el órgano jurisdiccional la administración de la etapa probatoria del juicio, que como es sabido exhibe un déficit notorio entre nosotros, similar ciertamente al que se reporta en relación a otras legislaciones. (15) La participación personal del juez en el trámite constituye ingrediente esencial para el más afiatado funcionamiento de todos los engranajes del sistema.
También se dará cuenta de algunos resultados, relevados empíricamente siguiendo metodologías corrientes en las ciencias sociales.
 1. Protocolo de trabajo 
a. Apertura a prueba y proveimiento de las medidas conducentes 
El programa se inicia con la providencia que abre el juicio a prueba y provee los medios ofrecidos, que se instrumenta en un solo acto (art. 487, segunda parte, CPCBA); se trata de una resolución "ómnibus" que indica anticipada y exhaustivamente el recorrido probatorio que merecerá el juicio, desestimando en su caso las pruebas innecesarias (art. 362, CPCC), y que se notifica oficiosamente por secretaría.
 b. Fijación de la audiencia de prueba y de conciliación 
En la misma providencia inicial se fija la audiencia de prueba, en la que partes y testigos prestarán declaración, la que se llevará a cabo en un solo día, sin importar la cantidad de comparecientes. De esta manera, la agenda del Juzgado cuenta solamente con una audiencia por jornada, a razón de dos por semana. A su vez, se fija para ser recibida dentro de los tres meses de la fecha de apertura a prueba. En esta audiencia, dado que no es posible hacerlo de antemano, se determina cuáles son las declaraciones útiles y se eliminan las superfluas.
También se dispone, para ese día, una audiencia conciliatoria que es abordada en primer lugar (artículo 36, inc. 4º, CPCBA). Usualmente, esta oportunidad se ve favorecida porque se cuenta con algunos de los dictámenes periciales más relevantes ya producidos; en particular, el emitido por el ingeniero mecánico en los casos de accidentes de tránsito.
 c. Indicación de cargas procesales de las partes 
Por último, la providencia inicial indica expresamente a las partes las cargas procesales que les incumben (en materia de prueba informativa, confesional y testimonial), a fin de que obren con la diligencia correspondiente, bajo apercibimiento de la sanción de caducidad que cabe en cada caso (artículos 400 y 430 del citado ordenamiento).
 d. Gestión de las pruebas periciales 
Juntamente con la expedición oficiosa de las cédulas para notificar la providencia inicial se libra, si es el caso, la planilla de requerimiento a la Cámara de Apelación del sorteo de los peritos de la lista oficial. En estos supuestos, una vez recibida la designación, la comunicación a los interesados se realiza telefónicamente desde la Secretaría, dejándose constancia de ello en la causa. Si la comunicación telefónica no prospera o el experto no concurre a aceptar el cargo en tiempo propio, por Secretaría se libra cédula en forma inmediata. Cuando se presenta para aceptar el cargo, el perito mantiene una breve entrevista personal con el juez, donde se analizan las dificultades que eventualmente pueden ofrecer las respuestas a los puntos de pericia, se le expone la importancia de que el dictamen sea realizado y presentado antes de la audiencia de prueba, y le son entregados todos los elementos necesarios para ello en ese mismo acto (copias, documentación reservada, etc.). Si se tratara de un experto médico o psicólogo —u otro que debe pautar hora y lugar para realizar exámenes u otras diligencias inherentes al dictamen— se le solicita que, también en ese acto informe el día, hora y lugar donde recibirá a las partes para realizar tales exámenes o diligencias. Dicha información se comunica oficiosamente por Secretaría, mediante cédula. Todas estas circunstancias se incluyen en el acta de aceptación de cargo donde se indica, además, la fecha en que el experto debe entregar el dictamen; eventualmente, también se deja constancia de la petición de anticipo para gastos que éste realice. En tal caso, es resuelta de inmediato, y si se admite, se notifica de oficio a la parte oferente, bajo apercibimiento de caducidad de la prueba (artículo 461).
 e. Compulsa y seguimiento de causas penales 
En las pruebas periciales mecánicas donde el hecho dio lugar a lesiones físicas, los peritos necesitan compulsar la causa penal respectiva. Para estos casos, se ha desarrollado un vínculo informal con las Unidades Fiscales de Investigación que llevan adelante la instrucción de este tipo de delitos, a fin de que los expertos concurran a esas sedes a realizar las consultas necesarias. De este modo se allana el camino para que el dictamen sea presentado en el momento requerido; por lo demás, no se entorpece el trámite de la Investigación Penal Preparatoria con solicitudes de remisión prematuras, favoreciéndose la tramitación de las causas y el dictado de las sentencias de singular importancia por el régimen de prejudicialidad (artículo 1101 del Código Civil). En algunos casos, mediante comunicación telefónica con las Fiscalías se toma conocimiento que la causa penal cuenta con resolución definitiva. En tales supuestos se requiere al experto —expidiendo por Secretaría el oficio respectivo—, que además retire la causa penal y la agregue al expediente al tiempo de presentar el dictamen.
 f. Pericias a cargo de la Asesoría Pericial 
El mismo diálogo y entendimiento se mantiene con la Asesoría Pericial La Plata. Esto permite brindar una prestación muy satisfactoria en los casos de pruebas periciales (particularmente las vinculadas con las ciencias médicas), que se realizan a través de dicha Oficina. Asimismo, se indica expresamente que los expertos están autorizados a realizar las interconsultas necesarias con otras especialidades a fin de evitar perdida de tiempo en sucesivas designaciones.
 g. Seguimiento oficioso del trámite de las pruebas periciales 
En el período comprendido entre la apertura y la audiencia de prueba, se realiza el seguimiento del cumplimiento de la prueba pericial, recordando telefónicamente la presentación del dictamen, cuando ello lo requiere.
 h. Audiencia de "vista de causa" y sentencia 
La audiencia de "vista de causa" comienza con una exhortación que formula el juez a las partes para intentar un acuerdo conciliatorio, examinando con los letrados la prueba pericial que se hubiera producido. Si fracasa esta alternativa, se procede en forma inmediata a recibir sucesivamente la prueba confesional y la testimonial.
La recepción se lleva a cabo personalmente por el juez, bajo la forma de la interrogación libre (artículos 36, incisos 2º y 4º, 413, 2º párrafo, 440, 1º párrafo), luego de analizar los pliegos e interrogatorios para conocer la búsqueda probatoria que se han propuesto las partes. Ello permite adquirir el mejor conocimiento posible de las posturas de las partes y de la percepción que los testigos tienen de los hechos controvertidos. Además se produce (muchas veces en forma espontánea), la eliminación de los testimonios superfluos, o se evita continuar con el interrogatorio cuando se torna inútil (artículos 362 y 440, último párrafo).
Cuando existen dictámenes periciales sin notificar se cumple con dicho acto en la misma audiencia entregándose a las partes las copias pertinentes. Finalmente, se insta a los letrados para que impulsen los medios probatorios pendientes, a fin de culminar esta etapa.
La sentencia de mérito es dictada dentro del plazo legal y se notifica por Secretaría; realizándose luego el control de oficio a fin de elevar los autos a la Alzada para el conocimiento de los recursos que se hubieren presentado (artículo 251).
 2. Algunos datos ilustrativos de resultados empíricos 
Los logros alcanzados con la aplicación de este método en la gestión probatoria de los juicios de conocimiento, se asientan en primer lugar, en un notorio ahorro de tiempo de la etapa de prueba. En segundo lugar, se ha obtenido la concentración de las audiencias de prueba confesional y testimonial —si fuera el caso también las de beneficio de litigar sin gastos—, con lo que se evita la fragmentación de la producción de estos medios y se maximiza el rendimiento que puede obtenerse en orden a la búsqueda de la verdad. Para ello, como ya fue explicado, el juez participa en todos los casos en las audiencias. Finalmente, se ha conseguido imponer a este segmento del proceso una secuencia ordenada y sistemática de las diferentes alternativas que presentan habitualmente los medios probatorios, lo que permite su seguimiento sin dificultades y con la claridad necesaria para establecer, rápidamente, cuál es el estado de avance de la causa.
Los efectos reseñados impactan positivamente en la tarea de los letrados y del Juzgado. Los primeros, porque se encuentran en condiciones de conocer fácilmente el estado del desarrollo del proceso; pueden prever la secuela que sigue en cada caso y cumplir con las cargas respectivas, a fin de obtener la sentencia de grado. El órgano, por su parte, consigue imprimir a los procesos en etapa probatoria un tratamiento homogéneo, lo que genera un mayor rendimiento a los trámites, evita en cierta medida su paralización, y en su caso, se intima a las partes a activarlo, bajo apercibimiento de caducidad de instancia (artículos 34, inc. 5°, 36, inc. 1°, 316).
Para comprobar la validez de estas afirmaciones, se ha analizado un universo de expedientes en trámite en el antes aludido Juzgado. La muestra está compuesta por tres categorías de expedientes: (i) aquéllos tramitados bajo este método de trabajo, con sentencia definitiva, en un número de cuarenta; (ii) aquéllos tramitados bajo el método anterior a octubre de 2005, con sentencia definitiva, en un número de quince; (iii) aquéllos tramitados con este método, en los que se arribó a un acuerdo transaccional, en un número de veinte. Debe precisarse que en todos los casos la sentencia definitiva o la sentencia de homologación de acuerdo fue dictada por el actual Juez de dicha dependencia. Asimismo, que en algunos casos en que el Fisco de la Provincia de Buenos Aires es parte del proceso, corresponde la notificación por cédula —por Secretaría—, del llamado de autos para sentencia, con la necesaria demora que eso produce en la etapa respectiva (art. 27, inc. 9, dec.-ley 7543/69).
 (i) Expedientes tramitados con este método de gestión de prueba, a partir de octubre de 2005 y que concluyeron con sentencia definitiva: 
a. Tiempo insumido entre el inicio y la sentencia: 863,68 días corridos/ 473,45 días hábiles. Método de cálculo: promedio. El mismo lapso, utilizando el método de cálculo "mediana": 735 días corridos/395 días hábiles.
b. Tiempo insumido entre la apertura a prueba y proveimiento de prueba: 0 días.
c. Tiempo insumido entre la apertura a prueba y el llamado de autos para sentencia: 381,33 días corridos/215 días hábiles. Método de cálculo: promedio. El mismo plazo, utilizando el método de cálculo "mediana": 345 días corridos/145 días hábiles.
d. Tiempo insumido entre autos para sentencia y sentencia: 22,78 días corridos/11,58 días hábiles. Método de cálculo: promedio. El mismo plazo, utilizando el método de cálculo "mediana": 19 días corridos/10 días hábiles.
e. Tiempo insumido entre la apertura a prueba y el dictado de la sentencia: 404,10 días corridos/227, 03 días hábiles. Método de cálculo: promedio. El mismo plazo, utilizando el método de cálculo "mediana": 360,50 días corridos/ 199,50 días hábiles.
 (ii) Expedientes tramitados sin este método de gestión de prueba, anteriores a octubre del año 2005 y que concluyeron con sentencia definitiva: 
a. Tiempo insumido entre el inicio y la sentencia: 3475,33 días corridos/ 2778,13 días hábiles. Método de cálculo: promedio. El mismo lapso, utilizando el método de cálculo "mediana": 3443 días corridos/2580 días hábiles.
b. Tiempo insumido entre la apertura a prueba y proveimiento de prueba: 215,93 días corridos/123,80 días hábiles. Método de cálculo: promedio. El mismo lapso, utilizando el método de cálculo "mediana": 112 días corridos/65 días hábiles.
c. Tiempo insumido entre la apertura a prueba y el llamado de autos para sentencia: 2771,80 días corridos/2232,67 días hábiles. Método de cálculo: promedio. El mismo lapso, utilizando el método de cálculo "mediana": 2764 días corridos/2269 días hábiles.
d. Tiempo insumido entre autos para sentencia y sentencia: 34,60 días corridos/28 días hábiles. Método de cálculo: promedio. El mismo lapso, utilizando el método de cálculo "mediana": 31 días corridos/23 días hábiles.
e. Tiempo insumido entre la apertura a prueba y el dictado de la sentencia: 2806,40 días corridos/1805,87 días hábiles. Método de cálculo: promedio. El mismo lapso, utilizando el método de cálculo "mediana": 2822 días corridos/ 1651 días hábiles.
 (iii) Expedientes tramitados con este método de gestión de prueba, que concluyeron con acuerdo transaccional: 
a. Tiempo insumido entre el inicio y el acuerdo: 625,90 días corridos/ 342,55 días hábiles. Método de cálculo: promedio. El mismo lapso, utilizando el método de cálculo "mediana": 434,50 días corridos/247 días hábiles.
b. Tiempo insumido entre la apertura a prueba y acuerdo: 166,85 días corridos/93, 60 días hábiles. Método de cálculo: promedio. El mismo lapso, utilizando el método de cálculo "mediana": 118 días corridos/61,50 días hábiles.
 (iiii) Algunas conclusiones generales: 
La muestra reseñada permite establecer una primera conclusión: el tiempo consumido por el proceso, desde el inicio hasta la sentencia, y en cada una de las etapas desde el auto de apertura a prueba, es sensiblemente menor a partir del método de gestión imperante desde el año 2005.
Otro de los consectarios es el vinculado al tiempo que insume la etapa probatoria en relación al total del proceso. Esta relación es muy superior en la muestra de los expedientes tramitados bajo el sistema anterior, que en la muestra del actual esquema de gestión probatoria.
También ha de destacarse que —con esta metodología—, en el 77,5% y 80% de los casos —con dictado de sentencia definitiva y homologación de acuerdo respectivamente—, se contó con prueba pericial en forma previa al desarrollo de la audiencia confesional y testimonial; mientras que con la precedente, el porcentaje desciende al 13,33% por ciento.
Estos resultados, además de ejemplificar las ventajas notorias de aprovechar la audiencia concentrada pueden explicar, también, el aumento de las posibilidades de arribar a un acuerdo transaccional justo en ese estado del proceso.
VI. Plan piloto de incorporación de videograbación de las audiencias
El sistema de gestión de prueba encontró un nuevo curso de acción merced a la Resolución nº 1904/12 adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el mes de agosto del año 2012.
Esta norma establece la realización de una prueba piloto destinada a la videograbación del desarrollo de audiencias de prueba, utilizando un sistema denominado CICERO que permite la registración de todo lo actuado, lo que luego es "encriptado" con la utilización de la tecnología de firma digital, suscripción que realizan el magistrado y el funcionario actuantes, de modo que los contenidos resultan inalterables y pueden ser almacenados y reproducidos las veces que sea necesario, hasta la conclusión del juicio.
Este medio sustituye el acta escrita que tradicionalmente se confecciona, dado que logra asentar lo actuado en la audiencia de manera completamente fiel a los dichos y a los gestos de los comparecientes. Así justificó el Máximo Tribunal provincial este punto: "Que, sin dejar de resaltar que la puesta en funcionamiento del sistema de videograbación que se propone, conllevaría a sensibles mejoras en la prestación del servicio de justicia, pues brindaría absoluta inalterabilidad y fidelidad de su registro, aún bajo condiciones deficitarias de iluminación o acústica, debe sumarse la circunstancia de que la calidad probatoria del documento obtenido resulta muy superior a los mecanismos que en la actualidad son utilizados con esa finalidad, dado que las declaraciones son formuladas con un discurso mucho más natural, que facilitará la evaluación actitudinal del deponente".
Este nuevo medio de registración constituye un cambio de paradigma en el sistema civil escriturario, ya que en el corazón del proceso se inserta el registro audiovisual inalterable de lo que partes, testigos y peritos —eventualmente—, han expresado acerca de los hechos litigiosos, de modo que la percepción de estos medios probatorios por parte del juzgador —en todas las instancias necesarias— se formará a partir de lo que exactamente haya sucedido, con todos los matices que los deponentes hayan impreso a sus declaraciones.
Como se destacó en la resolución aludida, la propia Corte Suprema de la Nación (Fallos 320:253, in re "Cárdenas, Eduardo (juez) s/Filmación en cámara Gessell-Autorización" del 28/2/97), se ha expedido sosteniendo la viabilidad de autorizar la videofilmación de entrevistas en Cámara Gessell; en razón de lo cual se colige que no se halla valladar que impida el registro digital de lo que acontezca durante las audiencias de prueba.
Otra significativa ventaja se deriva en el desarrollo más fluido de la audiencia, que bajo esta técnica alcanza una dinámica propia de la oralidad, es decir que no requiere de interrupciones ni demoras para labrar el acta o verificar su contenido, permitiendo que los operadores se concentren exclusivamente en lo sustancial del acto procesal. En suma, un instrumento eficiente que se incorpora en pos de la virtualidad de los principios cardinales que guían el proceso moderno hacia el logro de sus finalidades esenciales.
VII. Conclusiones
A guisa de sintéticas conclusiones podemos sostener lo siguiente:
1. Según lo demuestra la experiencia desde la oficina judicial y en aplicación funcional e inteligente de las propias normas del ordenamiento procesal vigente, es posible brindar respuestas compatibles con las exigencias constitucionales de la tutela judicial eficiente. La clave reside en la observancia de los principios cardinales de inmediación, concentración, celeridad y economía que giran en torno al ejercicio personal de los poderes-deberes del juez en la dirección, comando e instrucción del proceso.
2. En los ordenamientos que mantienen la regulación del tipo procesal sumario —plenario abreviado— y la potestad judicial de recibir en una audiencia de prueba concentradamente las declaraciones de las partes, testigos y, eventualmente, las explicaciones de los peritos (art. 487, CPCBA y similares en otras provincias), dichos preceptos interpretados de consuno con los poderes-deberes del juez (arts. 34, 36 y conc. CPCBA, y similares), permiten optimizar los espacios de oralidad y la gestión eficiente de los trámites, favoreciendo en definitiva la más justa decisión de los conflictos.
3. Las diversas técnicas de gestión de los casos coadyuvan, junto con la utilización adecuada de las modernas tecnologías de la información y de las comunicaciones, al logro de los fines públicos del proceso, como se demuestra en numerosas experiencias prácticas, entre ellas en la que hemos descripto.
4. Solo desde la mancomunión de los esfuerzos y el compromiso que asuman los operadores judiciales —jueces y abogados— podrá alumbrarse modos de enjuiciamiento adecuados para superar las notorias disfuncionalidades del sistema de justicia.
Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(*) En recordación de Augusto Mario Morello y Rodolfo Miguel Sandmeyer.

 (1) PALACIO, L. E., Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1967, v. I, p. 319 y ss., v. VI, p. 213 y ss., COLOMBO, C. J., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Abeledo-Perrot, 1969, v. III, pp. 15-17. MORELLO A. M., SOSA, G. L. y BERIZONCE, R. O., Códigos Procesales..., Abeledo-Perrot/LEP, Buenos Aires, 2ª ed., 1989, v. IV-A, pp. 314-319.

 (2) SANDMEYER, R. M., El juicio sumario, Rev. Col. Abog. La Plata, nº 22, 1969, p. 259 y ss., quien como magistrado probo impulsó con ahínco la aplicación de la audiencia de la vista de causa y en la cátedra como profesor difundió apasionadamente las bondades de la oralidad.

 (3) La fuente madre de este esquema estaba ya en el Proyecto Lascano de 1935, que inspiró todos los empeños posteriores de oralización. Entre ellos, el proceso laboral bonaerense (ley 5178, de 1948). Sobre todos esos antecedentes: MORELLO, A. M., SOSA, G. L. y BERIZONCE, R. O., ob. cit., v. IV-A, pp. 31-34.

 (4) CSN, Fallos, 320:1633, del 7-8-1997; doctrina ratificada en sentencia del 6/12/2011, "Pardo Héctor Paulino y otro, LA LEY, 2012-A, 150, considerando 14 del voto de la mayoría.

 (5) TARZIA G., Il nuovo proceso cautelare, a cura de Giusseppe Tarzia, Cedam, Padova, 1993, pp. XXXII-XXXIII.

 (6) Así, p.e., en el reciente régimen de la ley italiana nº 69/2009 que introdujo los arts. 702-bis, 702-ter y 702-quáter del CPC (BIAVATI, P., Apuntes introductorios sobre el nuevo proceso de cognición simplificada, RDP, 2010-I, p. 541 y ss.).

 (7) TARUFFO M., Determinación de los hechos y contradictorio en Páginas sobre justicia civil, M. Pons, Madrid-Barcelona, 2009, trad. M. Aramburo Calle, pp. 282-283, donde alude a la tutela sumaria "buena" o virtuosa que cumple con la exigencia de llegar a emitir rápida y eficazmente un pronunciamiento de mérito porque, sin menoscabo de las garantías fundamentales, opera sobre las formas del procedimiento simplificándolo fuertemente.

 (8) PALACIO, L. E., Derecho Procesal Civil, ob. cit., v. IV, pp. 144-145.

 (9) BIAVATI, P., Tendencias recientes de la justicia civil en Europa, RDP 2008-1, p. 541.

 (10) TARUFFO, M., Orality and writing as factor of efficiency in civil litigation en Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente. Ponencias generales e informes nacionales, coord. F. Carpi y M. Ortells, Univ. de Valencia, Valencia, 2008, v. I, p. 204, donde se propicia dejar librado al juez establecer, caso por caso, si el trámite ha de ser oral o escrito.

 (11) BARBOSA MOREIRA, J. C., Uma novidade: o Código de Processo Civil inglês en Temas de Direito Processual, Sétima Série, Saraiva, Sâo Paulo, 2001, p. 179 y ss.

 (12) ALVARO DE OLIVEIRA, C. A., Del formalismo en el proceso civil (propuesta de un formalismo-valorativo), Palestra, Lima, 2007, trad. J. J. Monroy Palacios, pp. 401-403. Asimismo en relación a Chile: RIVERA WÖLTKE, V. M. y ot., Modelo de gestión de audiencia para los juzgados del área civil y de familia en Justicia civil: perspectivas para una reforma en América Latina, CEJA-JSCA, Santiago, Chile, 2008, p. 559 y ss. Sobre la experiencia uruguaya: LANDEIRA, R., La modernización de la gestión de la justicia civil en Uruguay en Modernización de la Justicia civil, coord. S. Pereira Campos, Univ. de Montevideo, 2011, p. 691 y ss.

 (13) Así, en las ponencias presentadas y ulteriores debates en el XXV Congreso Nacional de Derecho Procesal, Buenos Aires, 2009: XXV Congreso Nacional de Derecho Procesal. Ponencias generales..., AADP, Buenos Aires, 2009, pp. 206 y ss.; 214 y ss.; 240-347.

 (14) PEYRANO, J. W., La prueba entre la oralidad y la escritura en Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente, ob. cit., v. I, p. 165 y ss. Asimismo: AMRANI-MEKKI, S., El impacto de las nuevas tecnologías sobre la reforma del proceso civil en la misma obra, p. 96 y ss. PALOMO VÉLEZ, D. I., Apelación, doble instancia y proceso civil en Modernización de la Justicia civil, ob. cit., p. 993 y ss.

 (15) GRILLO CIOCCHINI, P., Noticia sobre Acceso a la Justicia (The Woolf Report), Fundación Jus, La Plata, 1999. Del mismo autor, acerca de la experiencia recogida de Estados Unidos sobre el manejo del caso por parte del tribunal y las posibilidad que en tal sentido brinda legislación: Caseflow management y rol del juez (una visión en perspectiva), Rev. Col. Abog. La Plata, nº 59.